La esposa y el cuñado del consejero Santiago Neyra Almenara contrataron con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) durante los primeros meses del 2019. Esto, señala la Contraloría, contraviene la Ley de Contrataciones del Estado, que impide a los familiares hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad de los consejeros contratar en el ámbito regional.
De acuerdo al informe de de Acción de Oficio Posterior n.º 007-2021, Lusbenia Jannet Riva Rodríguez contrató por un monto de S/ 11.000, y John Carlos Riva Rodríguez por S/ 7.417. Ambos, esposa y cuñado del consejero regional Santiago Neyra Almenara. Esto, cuando la norma es clara señalando que no podían contratar con la institución que el consejero debía fiscalizar.
La Contraloría indica en su informe que la contratación efectuada es deficiente. Empezando por los términos de referencia. Estos deberían indicar como mínimo el plazo de la contratación y el producto que se espera lograr. Pero en este caso no se encuentra nada. Al no existir estos puntos, la entidad no podría aplicar penalidades a la esposa del consejero por algún incumplimiento.
Además de eso, se encontró que la orden de servicio que suscribieron Roger Álvaro Quispe del área de Adquisiciones y Eddy Cayo Álvarez de la oficina de Logística y Patrimonio, fue firmada el 19 de marzo del 2019. Sin embargo, el pedido de servicio ya había sido suscrito por Lusbenia Riva el 5 de marzo de ese mismo año. O sea, se adelantaron a los hechos.
El caso del cuñado de Santiago Neyra es igual. Este fue contratado por pedido de la AFNEMIP mediante tres órdenes de servicio de marzo, abril y mayo del 2019. La arquitecta Salas Morán fue la que hizo el requerimiento. Primero para el mantenimiento de infraestructura general, por el valor de S/ 2.500, y luego por el servicio de asistente de control presupuestal por un monto acumulado de S/ 4.917.
Y en la misma forma que con Lusbenia Riva, los términos de referencia para la contratación de Jhon Riva son ambiguos y no se le podría penalizar por incumplimiento de contrato.
Además, argumentó que no tiene poder de contratar ni poder ejecutivo de decisión en el gobierno regional. Lo que no recuerda Neyra es que su cargo como consejero le da poder político. Y varias veces fue acusado por su colegas de oposición de favorecer en votaciones a la gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica.
