De acuerdo a audios y declaraciones de su familia, se infiere que la testigo protegida de la Fiscalía sería la consejera Chriss Díaz.
La consejera por Camaná, Chriss Díaz Montoya, sería la testigo protegida n.º 004-2019, quien habría advertido a la Fiscalía Anticorrupción sobre los movimientos nada santos del gobernador Elmer Cáceres Llica para controlar el Consejo Regional de Arequipa (CRA). Esto se infiere por dos razones: no hay pedido de detención en su contra, a pesar que en casi todos los audios ella aparece como interlocutora; y por las breves declaraciones que brindó señalando que lo que hizo fue por Arequipa y el Perú.
Sin embargo, esto no es lo más importante, sino el riesgo que signfica para ella y su familia el haber denunciado a la autoridad regional, consejeros y otros funcionarios de confianza. Ahora pasó a la clandestinidad por las constantes amenazas —aseguran sus familiares— que recibe y porque supuestamente el Ministerio Público no le ofrece garantías ni resguardo.
TESTIGO DE LA FISCALÍA. En octubre del 2019 la testigo protegida n.º 004-2019 acudió a la oficina del fiscal Arturo Valencia Paiva, de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. Allí contó cómo el entonces gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Marcelo Córdova Monroy, habría ofrecido terrenos y otras dádivas a siete consejeros —denominados oficialistas— a cambio de votar a su favor en la sesión de interpelación que el Consejo Regional de Arequipa realizaría en su contra.
La testigo, a quien bautizaron como Samanta Miranda Tijero, empezó a colaborar con el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción para obtener pruebas que el gobernador y otros funcionarios de confianza estaban involucrados en estos actos. Además de los terrenos se ofrecía obras y puestos de trabajo con tal de dominar el CRA.
AUDIOS. En la mayoría de los audios se escucha como principal interlocutora a la consejera Chriss Díaz. Por ejemplo, unos días antes de la interpelación de Córdova Monroy, este la llama y le pide que no se abstenga y vote a su favor. Díaz le explica que no sería necesario porque al final el único que podía retirarlo del cargo es el gobernador. En otro audio se escucha cómo Díaz habla con Cáceres Llica sobre la entrega de una obra a la constructora que ella señale y por medio de la cual podría recibir dinero y hasta negociar puestos de trabajo.
“Samanta Medina” obtuvo el estatus de agente especial, y junto a policías de inteligencia y un colaborador lograron que se inscriba un terreno en la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas. Esto con el fin de conseguir una prueba más de la repartija de terrenos para conseguir su voto ante el pleno regional.
En pocas palabras, con ayuda de la testigo protegida y luego agente especial, el Ministerio Público logró conseguir pruebas suficientes para pedir la detención preliminar de Cáceres Llica, siete consejeros y otros funcionarios.
DESPROTEGIDA. Tras las detenciones todos se preguntaban ¿’qué pasó con la consejera Chriss Díaz?, puesto que todo indicaba que ella también negociaba con Cáceres Llica y compañía. Pero todo se aclaró cuando esta misma y su familia anunciaron que estaban siendo amenazados mediante llamadas por teléfono. Díaz habría declarado: “Esto es por Arequipa y el Perú”, lo que terminó de confirmar la sospecha de que ella sería la testigo protegida n.º 004-2019.
Hoy la consejera está en la clandestinidad, junto con su madre. Su familia dice que ni el Ministerio Público ni la Policía les ofrecen garantías para sus vidas. Pero de acuerdo al abogado penalista Umberto Abanto esta no sería una función inherente a la condición de testigo protegido. El legalista explica que si una persona en su condición se siente amenazada debería acudir ante el fiscal a cargo y solicitar el resguardo.
“Para ello debe acreditar que existe un peligro real contra su vida y no solo conjeturas o un temor imaginario. En este caso, presentar las llamadas y las amenazas. De esa forma el Ministerio Público y la Policía valoran esas pruebas y pueden disponer que un oficial la acompañe”, indica Abanto. Este además señala que si alguien habría querido hacerle daño no la amenazaría, sino que ya lo habría hecho.
En tanto, para el abogado Arturo Salas, presidente de la Asociación Solidaria Perú, el Ministerio Público debería actuar de forma presurosa para proteger a su colaboradora. En este caso la consejera Chriss Díaz.
“Si el fiscal no toma prevenciones para proteger a la consejera, pienso que estaría cometiendo una negligencia. Esto sería muy lamentable porque dejaría al Ministerio Público mal visto. Nadie más en el futuro querrá ser colaborador o testigo protegido porque ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias”, dice.
Salas además denuncia que los fiscales no actuaron debidamente para proteger la identidad de la consejera. “En caso ella sea la testigo protegida, no puede ser posible que tan rápido se hayan filtrado los audios donde se evidencia que ella colaboró con la Fiscalía. Es grave que no se haya protegido su identidad. Ya está hecho, y por eso ahora más que nunca urge que se la proteja”, añade.
