Ana Guillén Pérez
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El último domingo una ciudadana nicaragüense, que radica en el Perú, acudió a vacunarse contra el Covid-19 al local ubicado en el colegio Juana Cervantes y no pudo hacerlo, pese a tener toda su documentación en regla, el personal responsable le informó que no había autorización para hacerlo y que buscara otro centro de vacunación.
De igual modo un grupo de venezolanos recibió el mismo trato, les negaron la posibilidad de vacunarse, lo curioso es que un día antes un ciudadano español y un italiano, amigos de la nicaragüense, fueron vacunados en el mismo lugar, es más, fueron tratados amablemente. No cabe duda que estamos frente a un acto de discriminación en contra de todo aquel que tenga acento centroamericano.
Sabiendo de la importancia de la vacuna contra el coronavirus, la protagonista de esté hecho se fue al local de vacunación del distrito de Yanahuara, donde sí fue atendida, esta vez no estuvieron cerca los venezolanos, solo sus amigos europeos.
Consultado sobre el tema, un nervioso Cristian Nova, gerente de Salud y jefe del Comando Covid, señaló que su institución no recibió denuncia alguna y que para recibir la vacuna los extranjeros deben presentar su pasaporte o carnet de extranjería, conforme se daba cuenta de la gravedad del asunto, porque muchos venezolanos no cuentan con estos documentos y que están en calidad de refugiados, mencionó que podrían presentar su contrato de trabajo.
El actuar del personal de salud no solo es un acto de discriminación que vulnera los derechos humanos, atenta en contra la campaña de vacunación que busca la inmunidad de rebaño, la misma que se logra cuando el 80 % de una población está inmunizada, si se sabe que hay más de un 20% de peruanos que rechaza la vacuna ¿Por qué negarla a los venezolanos? ¿Acaso no son parte de la población? ¿O cuando alguno de ellos enferme y requiera una cama UCI no será atendido?
Los hechos demuestran que las autoridades de salud trabajan de manera improvisada, no tienen un protocolo para atender a extranjeros, la vacunación de los mismos depende del criterio y la ideología de los responsables de cada local de vacunación, no importa que se vulneren derechos, tampoco lograr la inmunidad de rebaño.
Urge que el Defensor de Pueblo tome cartas en el asunto y se capacite al personal de salud para que nadie se quede sin vacunar.
