Abraham Sugimoto Oliden
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Las políticas sociales buscan reducir las brechas que impiden a la población en situación de pobreza y aquella en condición de vulnerabilidad a la educación y salud de calidad, a ingresos autónomos dignos, y al acceso a oportunidades de desarrollo económico que les permitan ejercer sus libertades y sus capacidades humanas.
Esta tarea afronta el desafío de la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de la gestión estatal, y demanda la disponibilidad de recursos para financiarla, soporte administrativo y tecnológico, y equipo humano con liderazgos para alcanzar objetivos y metas.
Pero no es lo único. Se requiere de un diseño de intervención adecuado a los objetivos y metas en una lógica causal que permita contribuir a resolver el problema en un espacio territorial y temporal, y, además, generar evidencia de ello.
En estos lineamientos de política pública -diríamos además en el contexto de los esfuerzos de modernización del Estado- se ubican los Programas Presupuestales, tal como ya lo tienen ministerios, programas, proyectos, así como gobiernos regionales y locales. El gran reto es articularlos y traducir estas intervenciones en resultados.
Todo ello no es viable si no hay voluntad política, es decir, decisión de transformar el estado de cosas existente a una condición mejor que asegure el presente y futuro de estos segmentos de la población en un escenario de igualdad de oportunidades con enfoque inclusivo.
La construcción de un sistema de políticas sociales articuladas y coordinadas en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), asociadas a programas y proyectos con indicadores de desempeño, de efectos e impactos, adaptables y flexibles a los espacios geográficos, así como a las realidades socioeconómicas y culturales de un país tan diverso como el nuestro, requiere un enorme consenso al que debemos contribuir todos.
En ese camino, el enfoque de derechos y de corresponsabilidad (que reconoce a las personas no solo como “beneficiarios” de la política social), pueden allanar el camino para estos acuerdos y para la ampliación de los programas de protección social y de generación de oportunidades económicas, en particular hacia los ámbitos regionales y locales, aprovechando las fortalezas de corredores socioeconómicos y microcuencas, bajo esquemas de acuerdos vinculantes con la institucionalidad existente en el territorio.
Esto es determinante para la reducción de la desigualdad, a su vez, condición transversal para el desarrollo sostenible con políticas de inclusión laboral y productiva, ingresos dignos con salario mínimo, programas de transferencias condicionadas, y universalización de los servicios de educación, salud y seguridad social.
