Eduardo Vega del Ministerio de Justicia y Jaime Vega del Minem señalaron que documento es un avance para el respeto de los empleados
Vega Luna dijo que la elaboración de este plan es el resultado de un proceso de dos años de diálogo entre 132 instituciones del Estado, sector empresarial, pueblos indígenas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, las cuales estuvieron bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
“Las nuevas autoridades deben valorar positivamente el esfuerzo realizado de todo un grupo de actores sociales y empresariales, quienes trabajaron consensuadamente por dos años para garantizar el crecimiento del país, mejorar la competitividad y permitir la vigencia de los Derechos Humanos (DD. HH.). Ellos deben continuar con la tarea de implementación”, dijo el ministro.
PRESUPUESTO. En ese sentido, el ministro de Justicia señaló que el gobierno de transición incluyó en la Ley de Presupuesto el sostenimiento económico de la primera parte de este plan que se enfoca en diseñar e implementar políticas públicas para promover y difundir, tanto en la sociedad como en el Estado, una cultura de respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales, así como promover acciones de reglamentación y fortalecimiento de los sistemas judicial y extrajudicial para prevenir, investigar y, de ser el caso, sancionar y reparar los abusos a los derechos humanos en el ámbito empresarial.
TRABAJO. El plan se ejecutó luego de más de 400 talleres de los cuales se elaboró un diagnóstico por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, el Instituto de Economía y Desarrollo de la Universidad Ruiz de Montoya y el Instituto de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.
POR MEJORAR. Jaime Gálvez Delgado comulga en la misma idea de su colega ministro y se une al pedido para que el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones continúe el trabajo que dejan encaminado. Sin embargo, asegura que hay muchos puntos por mejorar.
Por ejemplo, en el aspecto de la debida diligencia, que es la forma como las empresas hacen gestiones de manera proactiva para identificar sus riesgos, siempre existen inconvenientes. En ese sentido, “en el caso de la minería hay un riesgo recurrente en todas las empresas que hay que aprender a gestionar para salvaguardar mejor los derechos humanos”, dijo el titular del Minem.
Y agregó que uno de esos riesgos es la gestión de compromisos con las oficinas de relaciones comunitarias, con las que falta transparentar la responsabilidad para que la información sea accesible a la población. “Normalmente se cumple. Pero, no todo y eso hace que las empresas se inhiban de hacer conocer sus gestiones”, señaló.
Otro de los aspectos es el referido a los impactos ambientales en una jurisdicción. El ministro reconoce que siempre con la presencia de una empresa minera grande hay ciertos impactos los cuales se magnifican ante la población si es que no hay un adecuado monitoreo social.
“La minera grande en un territorio causa una serie de impactos que hay que controlar y en esta tarea es muy importante el monitoreo participativo para transparentar la situación de los problemas ambientales que se ven distorsionados en el aspecto social”, argumentó Gálvez Delgado.
Ambos ministros participaron en el simposium “Empresas y derechos humanos: retos avances y oportunidades desde el sector minero energético”, desarrollado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
