Abraham Sugimoto Oliden
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Los Programas Presupuestales constituyen un modelo de programación de intervenciones públicas integradas y articuladas para generar bienes y servicios destinados a lograr un cambio cualitativo, y cuyo resultado final está vinculado a un objetivo de política pública. Se sustenta en el enfoque de gestión por resultados y necesita medir sus logros con indicadores que lo demuestren con las suficientes evidencias que permitan evaluar si alcanzó o no el éxito esperado.
Para tales propósitos se necesita presupuesto, recursos logísticos y personal con las capacidades para darle al programa o proyecto orientación y dinamismo, y avanzar hacia objetivos y metas con eficacia y eficiencia. Pero como las cosas no se hacen solas, además, requiere de ejecutores con una visión compartida de lo que se busca, de lo que se necesita y de lo que realmente pueden hacer; con las habilidades para incidir, coordinar y articular, es decir, un liderazgo legitimado por su desempeño. Sin estas condiciones es poco probable los cambios que esperamos contribuyan al bienestar y desarrollo para lo que están hechos los Programas Presupuestales.
Lo señalamos la semana anterior en esta columna. Ahora bien, la cadena de valor de una intervención supone al final de esa ruta, el cambio, y subsecuentemente, la generación de valor público.
Es decir, traducir los recursos y el tiempo invertido en un cambio positivo en la vida de los ciudadanos, fin supremo de las políticas de Estado, reconocidos por aquellos en su condición de sujetos de derecho.
Sometidos siempre a los desafíos de la gestión pública, y a los vaivenes de las decisiones gubernamentales, la mayoría de los programas sociales en el Perú han logrado superar el manejo antojadizo de los grupos políticos en el poder con la valiosa contribución de la veeduría ciudadana.
Desde la sociedad civil, las propuestas de la academia y de los propios gestores públicos -que buena experiencia han ganado en la última década- se han planteado iniciativas para la construcción de una estructura de oportunidades económicas y sociales para la población en condición de pobreza extrema como una salida sostenible a las precariedades materiales, de modo que las capacidades de estos sean el soporte para la generación de ingresos autónomos.
Estas plataformas, con enfoque productivo, creemos, son los que deben extender sus alcances, y articularse a otras ya existentes en diversos sectores del Estado, de tal modo que contribuyan a la reducción de las brechas económicas y sociales que bloquean el desarrollo nacional. Esta tarea debe ser también parte de la agenda del nuevo gobierno.
