Candidatos por Arequipa registran procesos judiciales y esperan lograr el 11 de abril una curul en el próximo Congreso de la República
Unidad de investigación
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De los 120 candidatos en carrera que buscan una curul en el Congreso de la República, 7 declararon ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tener sentencias judiciales. Hay casos desde deudas bancarias, peligro común, rebelión y hasta violencia familiar. Al final quienes tendrán el poder en sus manos serán los ciudadanos.
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VIOLENCIA FAMILIAR. En la lista aparecen nombres conocidos como el de Elías Rojas Paredes, candidato con el número uno del Frente Amplio, y Máximo Franco Becquer, un dirigente del sector minero y que postula por Patria Segura. Pero también el aspirante Miguel Ángel Surco Quispe, de Democracia Directa. Los tres tienen proceso por violencia familiar, que pasaron por las salas de Familia del Poder Judicial.
Este medio pudo conversar con Franco Becquer. El candidato aceptó que tuvo una riña con su esposa, pero aseguró que no pasó de un forcejeo. Sin embargo, la mujer con todo derecho acudió a denunciarlo a la comisaría y luego de unos días fueron citados. De acuerdo a lo que el candidato declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actualmente tiene una orden de alejamiento y medidas de protección en favor de su pareja.
El dirigente minero asegura sentir mucho lo sucedido. Y señaló que fue una circunstancia donde perdió la cordura. “Estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Porque mi madre también fue golpeada por mi padrastro. Siento mucho lo que pasó”, señaló.
RESTO. Otros con sentencias son Clara Salinas Quispe, candidata por Juntos por el Perú que fue demandada por el exalcalde de Paucarpata, Luis Cornejo Nova. En 2018 la entonces regidora fue sentenciada por el delito de difamación con reglas de conducta y al pago de S/ 7500 de reparación.
Mientras que la candidata Elizabeth Chirinos Oliva, de Unión Por el Perú, tiene un fallo por un proceso laboral. Aunque no se tiene el detalle, la aspirante declaró que aún no hay un fallo consentido.
REBELDE. El caso más grave tal vez es el de Sandro Jara Coa. Este participó del recordado Andahuaylazo, liderado por Antauro Humala Tasso. Fue uno de los 173 insurgentes etnocaceristas detenidos junto al actual líder de Unión Por el Perú, y condenado a 15 años de prisión que ya cumplió.
Una página en Facebook del partido Etnocacerista detalla los “logros y aspiraciones” de Jara Coa. Señala que se enroló en el 2000 entre el destacamento reservista que se levantó contra el exdictador Alberto Fujimori en Locumba y que también fue liderado por los hermanos Humala Tasso. Y que también participó en la huelga del 2001 contra la privatización de empresas hidroeléctricas en Arequipa.
MEJOR SISTEMA. Al respecto el analista político Gonzalo Banda Lazarte señala que al final la decisión de elección de estos y otros candidatos está en las manos de la ciudadanía. Sin embargo, vale resaltar la despolitización del país en varios ámbitos.
“En principio tenemos partidos políticos desprestigiados que terminan eligiendo entre sus filas a personas cuestionadas. Luego la nula presencia de actores políticos que salen de las universidades, donde se ve poca vida política. Los gremios también han perdido el rumbo, sirviendo solo para organizar huelgas. Mientras que las élites, que antes se interesaban por la política también se han perdido en su comodidad y desinterés. Finalmente la ciudadanía ha renunciado a participar y elige a ciegas”, explica Banda Lazarte.
Este también destaca la poca labor de los medios para desenmascarar a los políticos cuestionados. “En Lima vemos movimientos y medios que hacen todo lo posible para poner los reflectores sobre los candidatos. Mientras que en regiones muchos pasan desapercibidos. Se conoce muy poco de los candidatos porque tampoco hay financiamiento para investigarlos a fondo”, agrega. Y finaliza señalando que lamentablemente hoy no hay garantía de elegir a un candidato que defienda sus ideales, ya sean de izquierda o de derecha.
