Ana Guillén Pérez
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Este lunes el Dr. Javier Eduardo Fernández Dávila Mercado, asumió la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y en su primer contacto con la prensa anunció que, para cambiar la imagen negativa del Poder Judicial ante la opinión pública, se aplicará un programa de reducción de sobrecarga procesal, olvidando que el principal problema de este organismo encargado de administrar justicia es la corrupción.
Fernández Dávila buscará reducir la sobrecarga, pero no tiene un diagnóstico del problema, lo que significa que no conoce la situación actual, al ser interrogado sobre el incremento de la sobrecarga procesal producto de la pandemia por el Covid-19, sostuvo que no se produjo porque no hubo recepción de expedientes y que recién ahora se están presentando, en consecuencia, recién se sabrá el resultado, en conclusión, no tiene proyecciones, tampoco diagnosis, elementos importantes para enfrentar un problema.
Parece que el nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia vive en “el país de nunca jamás”, ignora que el descrédito del Poder Judicial radica en la calidad de los veredictos de los magistrados; más de una vez, abogados litigantes leyeron sentencias con fragmentos plagiados de otras (copia y pega), ojo el plagio es un delito; también con dictámenes controversiales que favorecen a los denunciados pese a que las pruebas en su contra son irrefutables, o lo que es peor, sentencias en las que la parte demandada no argumentó debidamente la causa y si lo hizo no fue bien fundamentada, sin embargo el juez “se dio la molestia de presentar argumentos” que favorecen a los demandados.
Las anteojeras no le dejan ver que muchos de sus colegas tienen a sus hijos y/o esposas trabajando en compañías mineras, bancos, financieras, las AFP, etc., y que constantemente ganan procesos judiciales o que muchos magistrados mantienen fuertes vínculos amicales con “prestigiosos bufetes de abogados” que cobran elevadas sumas de dinero, pero logran ganar el juicio. Se olvida que muchos jueces alguna vez militaron o simpatizaron con el partido político que estuvo en el poder y coincidentemente ingreso a la carrera judicial en ese periodo.
La demora en los procesos no es el principal problema del Poder Judicial, es la corrupción evidenciada en las sentencias, existen jueces probos, pero son escasos. La ciudadanía aprobará el actuar de los jueces cuando dicten fallos amparados en la Ley y no “en el poder de la billetera”.
