Karla Dueñas
k.duenaslaura@gmail.com
Ahora resulta que los socialistas pegan el grito al cielo porque el pasado 10 de enero el gobierno hizo público el “Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de medicamentos y productos biológicos”, por medio del cual se permite que el sector privado, en el caso de laboratorios y droguerías, pueda comercializar la vacuna contra la Covid-19 en el país.
¿Qué acaso no basta todo lo que estamos padeciendo para corroborar, una vez más, que el Estado es completamente ineficiente en la gestión pública frente a la pandemia? ¿Vamos a seguir esperando mientras países vecinos ya iniciaron con el proceso de vacunación desde diciembre del año pasado? Que no nos sorprendan, la salud no se vende, se defiende; por ello corresponde, y con mayor razón en tiempos de crisis sanitaria, que el sector privado también asuma responsabilidad y ponga a disposición toda su experiencia para, al igual que el Estado, inicie coordinaciones e importe cuanto antes las vacunas que necesitamos.
No hablamos de reemplazar ni mucho menos perjudicar las negociaciones del Estado, todo lo contrario, se trata de brindarle más oportunidades al pueblo peruano para poder inmunizarse contra este virus en el menor tiempo posible. El martes, el Ministerio de Salud ratificó en nota de prensa que el Gobierno distribuirá y aplicará gratuitamente la vacuna contra la Covid-19 a todos los habitantes del territorio nacional mayores de 18 años. La vacunación gratuita y universal sigue siendo un compromiso de las autoridades; y en ese punto debemos seguir siendo vigilantes.
Lo que sorprende es cómo varios “líderes” políticos pretenden influir en la población y ejercer presión mediática para que el Gobierno retroceda en esta decisión y las vacunas no puedan ser adquiridas y comercializadas por laboratorios privados, según ellos porque el acceso a la vacuna no puede ser privilegio de los que más tienen y todos deben esperar su turno de acuerdo al cronograma que establezca el Estado; es decir, anteponen sus ideologías de igualitarismo por encima de las necesidades urgentes de los propios peruanos, sin caer siquiera en cuenta que por cada vacuna que se adquiera en el sector privado, se libera una vacuna comprada por el Estado y así se podrá llegar a inmunizar a una mayor cantidad de ciudadanos, ¿este no es acaso el objetivo?
Tengamos mucho cuidado y defendamos una nueva oportunidad de acceso a la salud; estas decisiones de gobierno son realmente de vida o muerte.
