GRA: Trabajo informal

Sindicatos del GRA cuestionan contratación de unas 700 personas, a través de recibos por honorarios, en vez de pagarles beneficios ganados



Tres sindicatos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) cuestionan la contratación de unos 700 trabajadores, por locación de servicios (recibos por honorarios), en lugar de destinar presupuesto para el pago por conceptos de movilidad, refrigerio y bonos alimentarios que ganaron a través de laudos arbitrales.

Wilber Suri, subsecretario del Sindicato de Trabajadores Estables del GRA, indicó que la deuda acumulada que afecta a 400 personas aproximadamente, en algunos casos desde el 2018, alcanza los 14 o 15 millones de soles; por ello, emitieron un documento a la entidad para que deje de contratar más personal y cesen los contratos.

“Esos beneficios deben abonarlos con los sueldos mensualmente, nos dicen que no hay recursos directamente recaudados por el Gobierno Regional, pero entonces cómo se paga y contratan  recibos por honorarios”, critica.

Suri explica que el incremento de personal excedió este año, luego de la declaratoria del estado de emergencia por la pandemia del Covid-19,  es que algunos trabajadores de planillas fueron enviados a casa por ser vulnerables al virus.

Sin embargo, el dirigente advierte que duplicaron el número de trabajadores que solían trabajar en las diferentes oficinas del GRA. Agrega que habría retrasos en el pago de los sueldos de este personal.

ILEGAL. El especialista en derecho municipal, Jorge Sumari, señala que las entidades del Estado no deben realizar este tipo de contrataciones, por eso se creó el sistema de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), empero las autoridades utilizan esta modalidad porque no requiere de concursos públicos. 

“Quieren abaratar costos laborales (no tienen que pagar ningún beneficio social), pero a larga se vuelve una bomba de tiempo porque ese trabajador se queda laborando indeterminadamente y se va incrementando el gasto corriente”, precisa.

En 2017, Servir indicó que los gobiernos regionales abarcaban el 6 % de informalidad laboral en el sector público.

OTROS CONTRATOS. Los sindicatos también rechazaron la contratación de personal por suplencia, es decir, ocupan plazas presupuestadas, cuyos trabajadores -en la mayoría de casos- se jubilaron.

El problema -señala Suri- es que no habrían realizado concursos públicos para contratar a ese personal, además señala que debe priorizarse a los trabajadores que fueron reincorporados por sentencia.

Agrega que intentaron reunirse con el área de Recursos Humano, pero no obtuvieron respuesta, si no atienden sus pedidos tomarán otras acciones como plantones para ser escuchados.